NUNCA ES BUENO GENERALIZAR
PRIMER COLETAZO DE LA PRESENTACION JUDICIAL DEL MINISTRO CARLOS STORNELLI
Tras la denuncia de un complot en la Bonaerense, echaron a un jefe
Es un comisario que tuvo a su cargo el área que investiga robos de autos y que controla las verificaciones.
Por: Fabián Debesa
Jueves 17, Diciembre 2009
La denuncia del ministro de Seguridad Carlos Stornelli sobre un supuesto "plan de desestabilización" en el que estarían involucrados jefes policiales en actividad, retirados o exonerados tuvo el primer impacto en la cúpula de la Bonaerense: ayer fue relevado el comisario Marcelo Andrade, a cargo de la DDI de Mercedes. Ese oficial estuvo, entre marzo y noviembre pasados, a cargo de la División de Delitos contra la Propiedad Automotor.Según la presentación judicial, Stornelli sospecha que las muertes violentas en intentos de robo de autos en el que murieron tres mujeres en menos de un mes, habrían sido instigados por oficiales o ex oficiales a quienes se les "cercenó negocios espurios" cuando se resolvió una reestructuración del área el 16 de noviembre pasado. Ese día, Stornelli desplazó a Andrade, a otros 7 jefes del sector y a 15 peritos de plantas verificadoras.Las delegaciones policiales de verificación del automotor resultan un eslabón clave para el mercado negro del robo de vehículos. Allí se entregan los certificados que permiten la compra-venta de coches. En todas las ciudades donde funciona un Registro de la Propiedad Automotor hay estaciones donde los policías otorgan los avales para la transacción. La hipótesis es que los policías responsables de estas estaciones donde se "verifican miles de autos diariamente" estarían involucrados en maniobras irregulares. "El mercado de la adulteración de vehículos gira como satélite en torno de la permisividad que estos organismos ofrecen. Permiten el retorno de las propiedades y los autopartes robadas al circuito legal", escribió Stornelli en la denuncia que ingresó en la fiscalía de Marcelo Romero.Aunque no está en el escrito, fuentes oficiales admiten que había "un comercio ilegal de formularios". Se pagaban entre 500 y 1.000 pesos por "devolver a la legalidad" un coche robado.El Ministerio denunció estas irregularidades en las plantas verificadoras:"Se constató connivencia entre el personal de esas dependencias y delincuentes comunes"."Se hacían verificaciones fuera de la planta. Los peritos concurrían a agencias, talleres o domicilios particulares y vendían formularios que se sellaban y firmaban y nunca quedaban en los registros oficiales"."Vendían formularios al doble de su precio en comercios de la zona".Ayer, el fiscal Romero acordó con Stornelli una audiencia para "ampliar el contenido de la presentación". Según las autoridades, después de que se "destruyeron estos mecanismos irregulares", llegó una secuencia de homicidios de gran impacto social. El 17 de noviembre mataron a Renata Toscano, en Wilde; el 25 de ese mes a Sandra Almirón, en Pilar; y el 6 de diciembre a Ana María Castro, en Lanús. Para el ministro, los casos tuvieron patrones de conductas delictivas similares. Y no descarta que los instigadores hayan "reclutado mayores y menores en asentamientos de emergencia" a quienes les habrían pagado para "encomendarles estas acciones".Romero espera recibir documentación que avale las sospechas del ministro, quien refrendó estas afirmaciones en datos obtenidos (entre otros mecanismos) por anónimos que llegaron a su despacho. Ahora, por prevención, se filman todos los movimientos de las plantas verificadoras de la Bonaerense.
Texto extraído de Clarín.com
PRIMER COLETAZO DE LA PRESENTACION JUDICIAL DEL MINISTRO CARLOS STORNELLI
Tras la denuncia de un complot en la Bonaerense, echaron a un jefe
Es un comisario que tuvo a su cargo el área que investiga robos de autos y que controla las verificaciones.
Por: Fabián Debesa
Jueves 17, Diciembre 2009
La denuncia del ministro de Seguridad Carlos Stornelli sobre un supuesto "plan de desestabilización" en el que estarían involucrados jefes policiales en actividad, retirados o exonerados tuvo el primer impacto en la cúpula de la Bonaerense: ayer fue relevado el comisario Marcelo Andrade, a cargo de la DDI de Mercedes. Ese oficial estuvo, entre marzo y noviembre pasados, a cargo de la División de Delitos contra la Propiedad Automotor.Según la presentación judicial, Stornelli sospecha que las muertes violentas en intentos de robo de autos en el que murieron tres mujeres en menos de un mes, habrían sido instigados por oficiales o ex oficiales a quienes se les "cercenó negocios espurios" cuando se resolvió una reestructuración del área el 16 de noviembre pasado. Ese día, Stornelli desplazó a Andrade, a otros 7 jefes del sector y a 15 peritos de plantas verificadoras.Las delegaciones policiales de verificación del automotor resultan un eslabón clave para el mercado negro del robo de vehículos. Allí se entregan los certificados que permiten la compra-venta de coches. En todas las ciudades donde funciona un Registro de la Propiedad Automotor hay estaciones donde los policías otorgan los avales para la transacción. La hipótesis es que los policías responsables de estas estaciones donde se "verifican miles de autos diariamente" estarían involucrados en maniobras irregulares. "El mercado de la adulteración de vehículos gira como satélite en torno de la permisividad que estos organismos ofrecen. Permiten el retorno de las propiedades y los autopartes robadas al circuito legal", escribió Stornelli en la denuncia que ingresó en la fiscalía de Marcelo Romero.Aunque no está en el escrito, fuentes oficiales admiten que había "un comercio ilegal de formularios". Se pagaban entre 500 y 1.000 pesos por "devolver a la legalidad" un coche robado.El Ministerio denunció estas irregularidades en las plantas verificadoras:"Se constató connivencia entre el personal de esas dependencias y delincuentes comunes"."Se hacían verificaciones fuera de la planta. Los peritos concurrían a agencias, talleres o domicilios particulares y vendían formularios que se sellaban y firmaban y nunca quedaban en los registros oficiales"."Vendían formularios al doble de su precio en comercios de la zona".Ayer, el fiscal Romero acordó con Stornelli una audiencia para "ampliar el contenido de la presentación". Según las autoridades, después de que se "destruyeron estos mecanismos irregulares", llegó una secuencia de homicidios de gran impacto social. El 17 de noviembre mataron a Renata Toscano, en Wilde; el 25 de ese mes a Sandra Almirón, en Pilar; y el 6 de diciembre a Ana María Castro, en Lanús. Para el ministro, los casos tuvieron patrones de conductas delictivas similares. Y no descarta que los instigadores hayan "reclutado mayores y menores en asentamientos de emergencia" a quienes les habrían pagado para "encomendarles estas acciones".Romero espera recibir documentación que avale las sospechas del ministro, quien refrendó estas afirmaciones en datos obtenidos (entre otros mecanismos) por anónimos que llegaron a su despacho. Ahora, por prevención, se filman todos los movimientos de las plantas verificadoras de la Bonaerense.
Texto extraído de Clarín.com
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"Punto de Vista-El vehículo Ideal.No fue casual que la denuncia de Stornelli sobre un supuesto complot de policías para matar mujeres en robos de autos haya sido dirigida hacia el despacho del fiscal Marcelo Romero. Este mediático funcionario judicial sintonizó con él desde un principio, no sólo en la idea de reinstaurar un jefe de uniforme para la bonaerense (lo pidio en diversas entrevistas), sino también en la de establecer "controles" a las protestas de piqueteros y en desechar las denuncias del juez Luis Arias sobre el reclutamiento policial de menores para el delito.Hoy se convirtió en el vehículo ideal para que la atención se alejara de las gravísimas fallas del sistema de seguridad y se posara en una afiebrada teoria conspirativa.Rolando Barbano.publicado en Clarín 20/12/2009".-
ResponderEliminarSeñor Ministro, realmente gran parte de los integrantes de la fuerza que dirige, nos sentimos agraviados por sus declaraciones, sienten que la teoria del complot solo consigue confundir a la sociedad toda sobre el accionar de nuestra policia, no pretendemos proteger corruptos, pero tampoco vamos a pemitir que se siga mansillando nuestro buen nombre y honor solo en pos de aspiraciones politicas,¿ porque la bonaerense tiene que pagar los platos rotos cuando las cosas no salen bien, no sera hora de tratar el problema con la seriedad que se merece?, por favor camaradas, todos somos parte de la solución, participemos en ella, de todos nosotros depende