Ordenan investigar otra vez "La Masacre de Wilde".

Eran poco más de las 10 de la noche del lunes 10 de enero de 1994 cuando Claudio Díaz salió de la comisaría donde lo habían retenido durante toda la tarde y se preguntó si lo que tenía delante era o no parte de su vida. Tenía 35 años, su coche estaba repleto de agujeros de balas disparadas por la Policía y su compañero de trabajo había muerto. Quizás no lo supiera entonces pero, en un episodio casi simultáneo, integrantes de la misma brigada policial habían baleado a otros 3 hombres que murieron en el acto. El era el único sobreviviente de una jornada que se conocería, a partir de entonces, como la masacre de Wilde.

A fines de Junio la Suprema Corte bonaerense ordenó reabrir la investigación.
En síntesis lo que sucedió ese día fue lo siguiente 11 policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús dispararon más de 200 tiros contra dos autos –identificados, erróneamente, como los de supuestos delincuentes– y mataron a cuatro de sus tripulantes. Pese al escándalo, en su momento todos los policías fueron sobreseídos. Ahora, la Justicia dispuso que dos de ellos vuelvan a ser juzgados. Además, el Estado provincial y 5 de los policías deberán indemnizar a las víctimas.

Ese día de 1994, los policías de la Brigada de investigaciones de Lanús, que entonces dirigía el ex comisario Juan José Ribelli, dispararon contra dos autos: uno era el Peugeot 505 en el que viajaba el remisero Norberto Corbo junto a los pasajeros Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. Los tres murieron en el acto. El otro era un Dodge 1500 en el que iban el librero Edgardo Cicutín (la cuarta víctima) y Claudio Díaz, el único sobreviviente.

Una jueza civil de La Plata dispuso que entre el Estado y cinco policías indemnicen con 500 mil pesos a la familia de Cicutín, con 130 mil pesos a la madre de Claudio Díaz y con 15 mil pesos al dueño del remís que conducía el chofer asesinado. Sin embargo, la decisión más importante fue la orden de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se investigue nuevamente a los responsables penales de las cuatro muertes.

En su momento, la jueza penal Silvia González apuntó contra el comisario César Córdoba, además de otros tres oficiales y cuatro suboficiales de la Policía, pero no logró imputarlos. Más tarde fue el juez Rafael Emilio Villamayor el que sobreseyó al oficial Julio César Gatto y el sargento Pablo Dudek, quedando cerrada la investigación. El nuevo juicio involucrará, en principio, solamente a dos de los once policías bajo sospecha.